Número 41, Miércoles 7 de agosto de 2019. Sección Estudios

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Medidas alternativas y justicia restaurativa y en la justicia penal juvenil: lineamientos, debates y antecedentes en la provincia de Buenos Aires

por Mayra Nair Salazar *

 

En la provincia de Buenos Aires entraron en vigencia hace poco más de una década -siguiendo el movimiento de institucionalización del enfoque derechos de la infancia inaugurado con la sanción de la Ley 26061- las leyes 13298 de Promoción y Protección de los Derechos del Niño, y su complementaria, la Ley 13634, del Fuero de Familia y de Responsabilidad Penal Juvenil, que reorganizaron el entramado burocrático de gestión de la niñez instaurando circuitos diferenciales para el abordaje de la cuestión asistencial y de la cuestión penal bajo el precepto de adecuar los procesos de gestión al enfoque de Derechos Humanos. De esta manera se dio respuesta al compromiso internacional contraído quince años antes ante las Naciones Unidas de producir leyes y políticas de niñez acordes a los principios de la Convención de los Derechos del Niño, compromiso que adquirió estatuto constitucional con la reforma de la Constitución Nacional en 1994.

La ley 13298 crea, en el ámbito del poder ejecutivo provincial, el Sistema de Protección y Promoción de los Derechos del Niño y Adolescente, conjunto de organismos con competencias interventivas entre los cuales destacan los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos, dependencias  administrativas orientadas a la intervención “en territorio” ante situaciones de “vulneración de derechos”, en las que se considera en riesgo la integridad física y psico-emocional de los niños. La ley 13634, -cuya sanción y reglamentación fue, tal como documentó la socióloga Ana López (2010) en su tesis de maestría,  producto de largos años de encendidas disputas, avances y retrocesos en el ámbito legislativo-  complementaria y en parte modificatoria de la primera, crea en el ámbito del poder judicial, los fueros para la administración judicial de las conflictividades que involucran a niños, niñas, adolescentes y grupos familiares: el Fuero de Familia y el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. Ambas normativas sustancian la reorganización de las burocracias administrativas y judiciales con el objetivo de adecuar el entramado legislativo institucional a los lineamientos de la Convención de los Derechos del Niño, respondiendo a uno de sus principales propósitos: la desjudicialización de los procesos de gestión de la niñez y la adolescencia en favor de la atribución de competencias de protección, promoción y restitución de derechos al sistema de políticas públicas/sociales, procurando dejar atrás la discrecionalidad y el autoritarismo atribuidos a las prácticas del poder judicial del Patronato de la Infancia en especial a la potestad omnipotente de la figura-emblema del sistema: el Juez de Menores. En el nuevo entramado, el poder judicial reserva para sí las funciones de control de legalidad de las medidas y de investigación y juzgamiento ante la infracción o presunta infracción a las leyes civiles y penales en el marco de los nuevos fueros creados.

Para lo que aquí interesa, -la administración de justicia penal juvenil en la provincia de Bs As.- repasaremos las principales figuras y procedimientos de la estructura judicial y administrativa configurada a partir de la sanción de la Ley 13634, recordando su carácter de ley complementaria a la ley principal, la  ley 13298. Esto último es relevante ya que la relación entre ambas normativas, o mas específicamente entre sus agencias y unidades operativas, que en conjunto componen el campo estatal (Muzzopappa y Villalta 2011, 17 ; Villalta 2013, 246) de la protección de derechos de la infancia, se caracterizó desde un comienzo por acusar una serie de tensiones entre las diversas dependencias centradas fundamentalmente en el carácter disputado de las definiciones en torno a las nociones de derechos, cuidado, protección, sanción, castigo y responsabilidad (de los jóvenes y de sus familias). En el campo penal juvenil, estas disputas de sentido informan conflictos y discordancias de criterios en el orden práctico (por la orientación y pertinencia de las intervenciones, por la autoridad legítima de intervención en cada caso o situación) que inciden, como veremos, en los procesos institucionales de gestión de la transgresión penal juvenil y en la producción de las condiciones de posibilidad para la implementación de medidas alternativas.

Además de definir los actores judiciales que componen el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, -Juzgados de Garantías y de Responsabilidad Penal Juvenil en el ámbito de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires y Unidades Fiscales y de la Defensa del Joven en el ámbito del Ministerio Público- la ley 13634 establece la creación del Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil, definido como un conjunto de dependencias administrativas con actuación en el ámbito del Organismo Provincial de Niñez de la Provincia de Buenos Aires con competencias directas para la gestión de la cuestión penal juvenil: los centros de privación y semiprivación de la libertad - Centros Cerrados y Centros de Contención- y los Centros de Referencia Penal Juvenil -ahora nominalmente remozados en Centros Sociocomunitarios de Responsabilidad Penal Juvenil (CESOC)-, dispositivos territoriales con modalidad de atención ambulatoria para jóvenes de hasta 18 años de edad sometidos a un proceso penal ante el FRPJ, a quienes el juzgado interviniente ha aplicado una medida cautelar o sancionatoria alternativa a la privación de libertad. Estos servicios se encuentran geográficamente distribuidos en la provincia por departamentos judiciales, de allí que uno de los agentes del CESOC defina a este dispositivo como “la pata administrativa del poder judicial en material penal juvenil” (Dir.CESOC)

En lo que respecta a los procedimientos judiciales, la instauración del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil introduce garantías procesales y constitucionales para la adjudicación de consecuencias jurídicas a los adolescentes por actos tipificados como infracciones a la ley penal. Entre los elementos principales incorpora la noción de debido proceso, defensa técnica, principio de inocencia, entre otros. Establece un proceso penal de tipo acusatorio, con la intervención de la figura del Fiscal - quien realiza la acusación y la investigación mediante la producción de prueba de cargo-  y del Defensor Oficial - quien lleva adelante la defensa técnica- ambos “especializados” en la materia penal juvenil. Además separa claramente la etapa de investigación - a cargo del Juzgado de Garantías- de la del juicio oral -a cargo del Juzgado de Responsabilidad- con las funciones y roles de cada una. Bajo el precepto de la aplicación de derecho penal mínimo, este sistema adopta la posibilidad de resolver el conflicto penal recurriendo a soluciones alternativas ya sea al proceso penal y/o al juicio. Si bien estos procedimientos no se encuentran normativizados puesto que la provincia de Bs.As carece de un código procesal penal juvenil, su implementación se encuentra sugerida y se hace posible para los agentes a través de los artículos 35 -de la convicción de los juzgadores en la responsabilidad del niños en el hecho juzgado -, 36 -de la prisión como último recurso, por el menor tiempo posible y debidamente fundada-, 40 -principio de oportunidad por parte del Agente Fiscal-,42 -de medidas cautelares -, 68 y ss. (Capítulo VIII) -de medidas judiciales de integración social- y art. 73 -del rol del Defensor en relación a las medidas impuestas-.

Las medidas alternativas para la resolución del conflicto penal incluyen un conjunto de procedimientos que pueden aplicarse tanto al inicio del proceso con el fin de evitarlo -en la etapa de instrucción preparatoria o IPP -, una vez iniciado el mismo -en la etapa del jurisdiccional-, con el fin de evitar la sanción penal, o bien puede otorgarse una medida alternativa al encierro una vez impuesta la sanción penal. Dentro del abanico de métodos utilizados encontramos la remisión, la mediación, la conciliación, la reparación del daño y la suspensión del juicio a prueba, conocida como probation, y el arresto domiciliario. En la práctica, es frecuente que estos métodos se implementen de manera combinada. Por ejemplo es recurrente que una conciliación sea reforzada con el establecimiento de pautas de conducta o probation.

Estos métodos alternativos emergen en la escena judicial inspirados en el paradigma de la justicia restaurativa, enfoque surgido en Estados Unidos en la década del ’70 como una tercera vía resolutiva entre la justicia retributiva y el colapso de la rehabilitación (Marshall, en Medán 2016, 80). En términos conceptuales, la justicia restaurativa ha sido definida por uno de los principales teóricos del tema, Tony Marshall, como un proceso en el cual las partes que se han visto involucradas resuelven de manera colectiva las consecuencias inmediatas del hecho conflictivo y sus repercusiones futuras (Marshall1999,5). Este proceso resolutivo involucra como mínimo tres actores: el ofensor, la víctima y un agente estatal facilitador del procedimiento restaurativo, pudiendo asimismo incorporar actores de la comunidad de referencia de los sujetos que se involucren en las discusiones para efectivizar aportes a la búsqueda de solución del conflicto.

En un artículo que describe y analiza un dispositivo de justicia restaurativa a través de la mediación penal para delitos cometidos por adolescentes llevado adelante por actores del poder judicial y ejecutivo del municipio bonaerense de San Martín, Marina Medán (2016) recupera otras experiencias nacionales y provinciales de gestión alternativa del conflicto penal juvenil. La provincia de Neuquén fue pionera en diseñar dispositivos y programas de mediación penal para tramitar causas penales seguidas contra menores de edad, logrando una alta adherencia del sistema judicial para derivar las causas hacia el dispositivo mediador. También se registran experiencias en curso en el partido bonaerense de La Matanza – el “Centro de Articulación y orientación en resolución de conflictos” (CAORAC)-, en el municipio San Isidro y una más -distinta a la analizada en su artículo- en el partido de San Martín. Se trata de iniciativas interinstitucionales e intersectoriales que han logrado distintos grados y tipos de formalización e institucionalización y que procuran un activo y permanente involucramiento de las comunidades.

Por otro lado, una reciente publicación de Unicef Argentina (2018) llevada adelante por un grupo de investigadores/as relevó a nivel federal experiencias, dispositivos y procedimientos de gestión en el campo de las medidas alternativas en justicia penal juvenil. Entre las conclusiones centrales, se destaca la identificación de cuatro dimensiones que inciden en la transformación de las intervenciones alternativas en las provincias estudiadas: a) la presencia de actores relevantes comprometidos con las medidas no privativas de la libertad; b) las modificaciones legislativas o procesales; c) la sucesión de coyunturas o eventos lamentables específicos; d) el desarrollo institucional (Unicef 2018).

 

 

 

Referencias

Ley provincial Nº 13298 de la Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños. 2007. Argentina. http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13298.html

Ley provincial Nº 13634 Principios generales del Fuero de Familia y del Fuero Penal del Niño. 2008. Argentina. http://www.gob.gba.gov.ar/legislacion/legislacion/l-13634.html

López, Ana Laura. 2010. “Proceso de reforma legal e institucional del sistema penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires (2000-2009)”. Tesis de magister. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires. http://biblioteca.clacso.edu.ar/Argentina/iigg-uba/20130322033340/tesisallopez.pdf

Medán Marina. 2016. “Justicia restaurativa y mediación penal con jóvenes: una experiencia en San Martín, Buenos Aires”. Delito y Sociedad 1 (41): 77-106.

Muzzopappa, Eva y Carla Villalta. 2011. “Los documentos como campo. Reflexiones teórico-metodológicas sobre un enfoque etnográfico de archivos y documentos estatales”. Revista Colombiana de Antropología 47 (1): 13-42.

UNICEF. 2018. Investigación sobre medidas no privativas de la Libertad, y Alternativas al Proceso Judicial en la Argentina. Buenos Aires: Unicef Argentina.

Villalta, Carla. 2013. “Un campo de investigación: las técnicas de gestión y los dispositivos jurídico-burocráticos destinados a la infancia pobre en la Argentina”. CIVITAS 13 (2): 235-58.

 

 

 


* Becaria doctoral CONICET. Doctoranda en Antropología. Áreas de trabajo: políticas sociopenales dirigidas a niños, niñas y adolescentes con especialidad en justicia penal juvenil  y políticas de egreso institucional. Ex trabajadora estatal en políticas de niñez, maynairsalazar@gmail.com.

 
 


Cite este trabajo:

Salazar, Mayra Nair.  2019. Medidas alternativas y justicia restaurativa y en la justicia penal juvenil: lineamientos, debates y antecedentes en la provincia de Buenos Aires. Blog nuestrAmérica, 7 de agosto, sección Estudios. Acceso [día de mes de año]. http://blog.revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/blognuestramerica/article/view/45


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ISSN: 2452-4905

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