Número 49, Sábado 5 de octubre de 2019. Sección Estudios

Descargar en PDF


¿Quién manda aquí? A propósito de la disolución del Congreso de la República del Perú

por Jaime Araujo-Frias *

Imagen tomada de: https://www.diariovoces.com.pe/142537/asi-reacciono-prensa-mundo-ante-disolucion-congreso 

 

No hay mayor dificultad que pensar un problema en el momento en el que está ocurriendo, mucho más si el sujeto que ejerce el pensar tiene los pies puestos en esa realidad problemática. No obstante, que sea dificultoso no debe significar un obstáculo para intentarlo, sino más bien una incitación para llevarlo a cabo. Al fin y al cabo en la filosofía que intentamos practicar – la filosofía de la liberación – no tenemos la verdad, sino la pretensión de verdad. La cual, como sugiere el maestro Enrique Dussel   se pone a prueba al exponerse y discutirse.

Nuestro objetivo es reflexionar sobre la política partiendo de la coyuntura política peruana. Como es sabido, el pasado 30 de septiembre el Presidente Martín Vizcarra disolvió  el Congreso de la República. Al respecto, la discusión mayoritaria por parte de los teóricos, como es de esperar, gira  en torno a si dicha decisión es o no constitucional; pero lo constitucional lo limitan a si el mandatario  siguió o no el debido procedimiento. Los que consideran que no siguió el debido procedimiento concluyen que estamos ante un Golpe de Estado, mientras que los que consideran que si se cumplió con el procedimiento, concluyen que estamos ente una disolución constitucional del Congreso.

Como quiera que sea consideramos que el problema es mucho más profundo y amplio. Lo procedimental está bien – es materia muy entretenido – pero no dice nada de lo que subyace al problema que motivó tal decisión; de los conceptos, ideas, creencias que hay detrás de la praxis política vigente. La disolución del Congreso no es el problema, es consecuencia del problema, el cual pretenden hacernos olvidar porque en él basan sus privilegios. Visibilizarlo para combatirlo no es una opción, es una necesidad. Pero si de lucha se trata convendría seguir el tradicional consejo de El arte de la guerra: “Es preciso conocer al enemigo”. Para que conociéndolo lo comprendamos y para que comprendiéndolo podamos avizorar posibles salidas.

El problema paradójicamente fue formulado como solución por Carlos Mesía Ramírez, ex presidente del Tribunal Constitucional, cuando frente al pedido popular del cierre del Congreso (87% de la población según un informe del Instituto de Estudios Peruanos) recomendó a los legisladores no escuchar al pueblo porque según él este “no sabe lo que es el bien común”. En cambio, “los políticos saben lo que es el bien común. Y el bien común – les dijo – es que las instituciones prevalezcan”. A decir verdad, esta idea es compartida por muchos constitucionalistas y politólogos en el Perú, solo que no lo dicen, lo presuponen. La razón por la que la población pedía el cierre del Congreso, es vergonzoso decirlo, pero es irrefutable: la mayoría parlamentaria legislaba abiertamente para favorecer la corrupción y la impunidad.  

Lo que queremos mostrar con lo anterior es que a toda praxis política le subyace una concepción de la política que lo fundamenta y explica. La idea de que al pueblo no se le debe escuchar porque no sabe lo que es el bien común está presupuesta en la filosofía política y jurídica dominante. Es sabido que para la élite tecnócrata y presuntamente ilustrada toda movilización popular es vista como expresión de irracionalidad política. Por eso no es casual la afirmación de alguien que estuvo a cargo de la institución que se ocupa  de la máxima administración de justicia legal en el país. Lo cual advierte que la corrupción es constitutiva del marco teórico a partir del cual se piensa y practica la política oficial. Vale decir la corrupción en el Perú, al parecer, está teóricamente justificada, no en los términos de “corrupción política”, claro está, sino en los términos de “no escuchar al pueblo”.

Intentemos explicarlo de otro modo. La política es ante todo ejercicio de poder. Solamente para efectos didácticos, distingamos entre lo político y la política. La esfera de lo político comprende a las instituciones (Estado) en tanta relación social que condensa el modo de resolver los problemas del pueblo. La esfera de la política, en cambio, comprende las praxis de organización y movilización del popular. La primera corresponde al poder delegado y lo ejercen los representantes políticos. La segunda corresponde al poder delegante y lo ejerce el pueblo. La política funda el poder delegado, y en consecuencia, este poder delegado se subordina a ella. En otras palabras, el ejercicio delegado del poder político se legitima por el consenso del pueblo no de las instituciones.

Ahora bien, cuando los representante ejercen el poder político sin el consenso del pueblo (poder fundante) y recurren a las instituciones (poder fundado) para legitimarse con el argumento de que la política es que las instituciones prevalezcan, decimos que se ha originado un problema. A ese problema se le denominó en latín corruptiónis que significa romper, hacer pedazos, quebrar o desconectar. Por extensión, si lo aplicamos a la política, lo propio de la corrupción política consiste en desconectarse de los intereses del pueblo, o para decirlo en palabras del ex magistrado antes referido: en no escuchar al pueblo. Esta relación, se ha dicho, está presupuesta en todo acto de corrupción política, es su fundamento ontológico (Dussel 2006). Si no se corta esta relación, se deja intacta sus raíces.

No obstante, esta relación no nos aparece en la teoría y práctica de la política oficial como un problema, sino como una solución. Desde la perspectiva de la teoría y la práctica política oficial no escuchar al pueblo es visto no como un acto de corrupción sino como un bien público, como la errónea definición de  política. El pueblo en tanto único sujeto real de la política ha sido sustituido por la formalidad de las instituciones. Así son  las instituciones formales las que prevalecen, las soberanas. Pero no cualquier institución, claro está, sino las instituciones del mercado, pero no de cualquier tipo de mercado, sino en este caso del mercado capitalista. Prueba de ello son las declaraciones del presidente de la hermana república Argentina, Mauricio Macri, quien después que perdiera las elecciones primarias el pasado 11 de agosto expresó preocupado: “El pueblo no ha escuchado la voz del mercado”. Esta idea dice Franz Hinkelammert (2018)  ya había sido  postulada por la canciller alemana Angela Merkel, cuando dijo que “la democracia tiene que ser conforme al mercado”.

Entonces, para la filosofía y teoría política dominante la democracia presupone la subordinación de la voluntad popular a la voluntad del mercado. Es decir, de lo que se trata es que las instituciones políticas que son mediaciones que el pueblo se da para reproducir su vida escuchen los reclamos, no del pueblo, sino del mercado. Al respecto, el sociólogo Alain Touraine (2017), quien ha dedicado gran parte de su vida a estudiar los problemas sociales en América Latina, nos dice que la crítica más severa que se le puede hacer a nuestras instituciones es que, en lugar de expresar las voces de quienes se dieron las instituciones, el pueblo, nos impiden escucharlas.

Sin embargo, a lo dicho por Touraine podemos darle una vuelta de tuerca más y decir que la crítica más severa que le podemos hacer a nuestras instituciones y a los teóricos de la política dominante (pero también del derecho vigente), es que no solo no escuchan al único sujeto real de la política, el pueblo, sino que pretenden buscar el bien común con marcos teóricos que presuponen el desprecio del pueblo. O dicho de otro modo, que admiten la corrupción como condición del ejercicio de la política.

La filosofía política de la liberación nos enseña que toda praxis política siempre es institucional, pero que las instituciones no son las que deben prevalecer, porque estas son mediaciones que el pueblo se da en última instancia para afirmar su vida. Su máximo exponente, Enrique Dussel (2009), propone tres criterios para evaluar un acto político como justo. 1) El criterio material, por el cual el fin de toda institución es la reproducción de la vida del pueblo; 2) el criterio formal, por el cual  la reproducción de la vida debe llevarse a cabo con el consenso del pueblo; y 3) el criterio de factibilidad, por el cual la afirmación de la vida en consenso debe ser posible de llevarse a cabo.

Si evaluamos con estos criterios la praxis política vigente, nos damos cuenta que en el Perú, como en otros países América Latina, se hace exactamente todo lo contrario. No se afirma la vida del pueblo, sino que más bien se la niega al impedir el acceso a los medios de vida como la salud, la educación, la vivienda. No se escucha al pueblo, sino que más bien se criminaliza todo manifestación popular que cuestione los intereses del mercado y se toman decisiones imposibles de llevarse a cabo. Necesitamos con urgencia transformar la praxis política dominante, pero antes en necesario equiparnos de los instrumentos teóricos conceptuales y categoriales.

Finalmente, si bien hemos iniciado nuestra reflexión con la coyuntura política peruana, el pensar que intentamos ejercer desde este margen latinoamericano llamado Perú, tiene como pretensión generar sospechas de que la corrupción, el robo, la injusticia que sufrimos desde hace 200 años por la clase que ha ejercido el poder político, están ocultos en la teoría política y jurídica oficial. No se trata de cumplir con procedimientos formales – los cuales son necesario pero no suficientes – sino de transformar la política dominante. Los aportes teóricos de la filosofía política de la liberación desarrollados por Enrique Dussel, Juan J. Bautista  Segales, Franz Hinkelammert, Karina Ochoa, entre otros; son las mejores lentes teóricas que conozco para ver y comprender a fondo lo que nos está ocurriendo, pero también, para avizorar posibles salidas.

 

 

Referencias

Dussel, Enrique. 2009. Política de la liberación. Vol. II. La arquitectónica. Madrid: Trotta.

Dussel, Enrique. 2006. 20 tesis de política. México: Siglo XXI.

Hinkelammert, Franz. 2018. Totalitarismo del mercado. El mercado capitalista como ser supremo. México: Akal.

Touraine, Alain. 2017. “Prólogo”. En La construcción social de los derechos y la cuestión del desarrollo, Antología esencial, editado por Calderón Gutiérrez Fernando. Buenos Aires: CLACSO.

 

 

* Egresado de la maestría en Derecho Constitucional y Derechos Humanos (UNMSM). Abogado. Bachiller en filosofía (UNSA). Blogger en Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales, ISSN: 2341-0485 (España). Director del Centro de Estudios Disenso. jaraujof@unsa.edu.pe

**Agradezco a Lizbeth Arpi Dianderas por su lectura atenta a este breve trabajo y por sus agudas observaciones y sugerencias.

 

 

 

 

 


Cite este trabajo

Araujo-Frias, Jaime.  2019. ¿Quién manda aquí? A propósito de la disolución del Congreso de la República del Perú. Blog nuestrAmérica, 5 de octubre, sección Estudios. Acceso [día de mes de año]. http://blog.revistanuestramerica.cl/ojs/index.php/blognuestramerica/article/view/56


 

Enlaces refback

  • No hay ningún enlace refback.


Licencia de Creative Commons
Este obra está bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional.


ISSN: 2452-4905

Visitas a nuestro periódico desde el 28 de diciembre de 2018: